LOS ACUSADOS POR OBAMA

1. ¿Quiénes son los acusados? El gobierno de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que declara a su país “en emergencia nacional” para lidiar con la “amenaza a la seguridad nacional y la política exterior” que, según el despacho de la Casa Blanca, representa la situación venezolana. En el documento firmado por el presidente Barack Obama se solicita “suspender la entrada” a su país” y “bloquear las propiedades” de los siguientes funcionarios venezolanos: 

Antonio José Benavides Torres: Comandante de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI); ex Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)

Gustavo Enrique González López: Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).

Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, una entidad propiedad del Estado y antiguo Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)

Katherine Nayarith Haringhton Padrón: Fiscal Nacional del distrito 20 del Ministerio Público.

Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.

Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31.a Brigada Blindada de Caracas del Ejército y antiguo Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y antiguo Comandante de la Región Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de los Andes

2. ¿De qué se les acusa? Tanto González López como Vivas Landino son acusados por el gobierno de Estados Unidos de “ser responsable por, o cómplice en, o responsable por ordenar, controlar o dirigir, o haber participado directa o indirectamente en actos significativos de violencia o conductas que constituyen serios abusos o violaciones a los Derechos Humanos”. El primero, desde su condición de Director general del SEBIN y el segundo como comandante de la REDI de los Andes.

Además, a Benavides Torres, Noguera Pietri y Páez Urdaneta se les acusa de haber estado al mando de la Guardia Nacional Bolivariana y  la Policía Nacional Bolivariana, organizaciones “cuyos miembros han incurrido en actos de violencia o conductas que constituyen serios abusos a la violación de los Derechos Humanos, incluso aquellas contra personas que se encontraron envueltas en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014″. También argumentan que Manuel Gregorio Bernal Martínez era el jefe del SEBIN el 12 de febrero de 2014 “cuando oficiales dispararon sus armas contra manifestantes matando dos individuos en las adyacencias a la Fiscalía General”.

3. ¿Qué dice el documento sobre la GNB; la PNB y el SEBIN¨? A la Guardia Nacional Bolivariana se le acusa de uso de “la fuerza contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluyendo graves casos de violencia física, agresión sexual y uso de armas de fuego”. Sobre la Policía Nacional Bolivariana, el documento afirma que sus miembros “utilizaron fuerza física severa contra manifestantes pacíficos y periodistas en varias ciudades de Venezuela, incluso dispararon armas con municiones letales”.

Con respecto al  SEBIN, se especifica que ha “sido asociado a la vigilancia de líderes opositores al gobierno de Venezuela”. En la argumentación contra Gustavo Enrique López se agrega  que “el SEBIN ha tenido un rol preeminente en las acciones represivas contra la población civil durante las protestas en Venezuela. Además de causar numerosos heridos, el personal del SEBIN ha cometido cientos de allanamientos forzosos y detenciones extrajudiciales en Venezuela”.

4. La única civil. Destaca la acusación contra la fiscal Katherine Haringhton, única civil de la lista. El documento emitido dice que “en su calidad de fiscal, ha acusado a varios miembros de la oposición, incluso a la antigua diputada María Corina Machado y, desde febrero de 2015, al Alcalde Mayor Antonio Ledezma Diaz, de los crímenes de conspiración relacionados con un supuesto magnicidio o golpe de Estado basado en información implausible y en algunos casos fabricada. La evidencia usada para soportar estos cargos contra